II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MACROCRIMINALIDAD: «EL DESASTRE ‘LENTO’ DE LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO DE LAS PERSONAS Y EL MEDIOAMBIENTE»

El siglo XXI está marcado por una creciente sensibilidad por la tutela de los derechos humanos respecto al desarrollo de las actividades de empresa (“business and human rights”) y, más en general, en el contexto de las actividades peligrosas sujetas a autorización. El riesgo a la salud producido por la exposición a las fibras de amianto es el ejemplo escogido, de entre muchos, de esas “interferencias no intencionales con el derecho a la vida y a la integridad física” que se producen, en palabras de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el contexto de las actividades productivas.

El amianto (o asbesto) es un grupo de minerales que, por sus características, ha sido usado durante años para fabricar, principalmente aunque no solo, materiales de construcción. Durante los procesos de producción de estos materiales, trabajadores de todo el mundo -y también sus familias y quienes habitaban en los aledaños de las fábricas- estuvieron expuestos a la inhalación de las fibras de amianto, algo que ahora se sabe que supone un grave riesgo para la salud humana, cuyos efectos, sin embargo, tardan años en ser detectables

Las cuestiones jurídicas que emergen de estos casos, imbricadas inescindiblemente con datos médicos, se resumen en problemas de imputación objetiva del resultado, dada la causalidad a largo plazo y la existencia de concausas, y de imputación subjetiva, debido no solo a que se trata de resultados no intencionalmente buscados, sino también a que, incluso en el contexto de la imprudencia punible, pueden ser entendidos como no previsibles según los conocimientos científicos disponibles en el momento de la producción.

Todas estas cuestiones deben ser afrontadas desde un punto de vista interdisciplinar e internacional-comparado. Al elemento de análisis normativo y de propuesta político-jurídica debe acompañarse un estudio empírico a través de las ciencias naturales y la criminología. Un conocimiento, aunque sea superficial, de las características del mineral y de sus efectos en la salud, es necesario para el operador jurídico; por otra parte, la Criminología verde -ya por naturaleza interdisciplinar- aporta una perspectiva político-económico desde la que se puede arrojar luz sobre las causas y la prevención de este tipo de desastres ‘lentos’, además de poder describirlos con una mayor libertad de la que ofrece el análisis del caso judicial, sin por ello perder el rigor científico.

En cuanto al aspecto jurídico, la cuestión no se agota en el Derecho penal -de hecho, en España son pocos los casos que han sido canalizados por esta vía-, sino que se requiere una visión conjunta desde el Derecho civil y el Derecho del Trabajo, además de una visión más amplia sobre la relación entre riesgo, libertad y seguridad dada por la Filosofía del Derecho y el Derecho constitucional.

A estas dos líneas de análisis puramente normativo hay que añadir el interrogante, de naturaleza político-criminal, de la efectividad del Derecho penal para dar respuesta a la tutela de los intereses colectivos e individuales que pueden ser puestos en peligro o lesionados por actividades empresariales de riesgo, por otra parte socialmente consideradas útiles y necesarias y cuya condena penal podría llegar a suponer una violación de los principios de garantía clásicos del Derecho penal.

De hecho, en el panorama internacional, Italia parece ser una excepción, por ello digna de estudio profundo, al priorizar la vía penal. Por el contrario, en los países anglosajones, en Francia, en Alemania y en España se opta por vías de naturaleza eminentemente indemnizatorias, ya sea a través de litigios individuales, por acciones colectivas, o a través de sistemas institucionalizados de solidarización de la tutela, como la reciente Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

De todo esto se debatirá durante dos días en este congreso internacional, coorganizado por el Grupo Internacional e Interdisciplinario de Investigaciones sobre la Criminalidad (GI³CRIM) de la UPO y el Centro de Estudios Jurídicos Europeos sobre la Macrociminalidad (Macrocrimes) de Ferrara.

Tipo: Congresos, Jornadas, Cursos