El pasado 10 de junio, un colectivo de inmigrantes entró en el campus universitario con el propósito de protagonizar un encierro a fin de pedir la regularización de su situación en España. A primera hora de la mañana eran un total de 250, guiados por unos supuestos monitores que resultaron ser de la organización ODITE. Inmediatamente se dio cuenta a la Delegación del Gobierno de tal hecho, a pesar de lo cual durante todo el día se fueron incorporando más inmigrantes hasta sumar un colectivo en torno a 430. Lo mismo ocurrió en los días posteriores, hecho que se puso inmediatamente en conocimiento de la Policía Nacional.

La Universidad Pablo de Olavide, a través de su Comisión Gestora, ratificó la decisión inicial de la Rectora de no permitir su desalojo por las fuerzas de orden público, pues entendió que este recurso debe ser el último en un Estado de Derecho, con lo que permitió un espacio de libertad desde el que el colectivo de inmigrantes pudiera encontrar una solución a su problema. Al mismo tiempo se puso en contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para pedirle que asumiera la mediación con la Delegación del Gobierno. El Defensor, dando muestra del compromiso y generosidad que le caracterizan, y teniendo un alto concepto de la Institución a la que representa, asumió esa difícil tarea.

Por su parte, la Universidad entendió que su ayuda debía limitarse a prestarle apoyo logístico y, tras la reunión del colectivo de inmigrantes con el Defensor, asumió asimismo la coordinación de un equipo jurídico de quince abogados independientes para que estudiaran la situación jurídica de cada uno y proponer posibles soluciones al Defensor del Pueblo.

En todo este proceso hemos tenido el apoyo de organizaciones humanitarias y servicios sociales locales, así como el de la sociedad civil, que entendieron que la presencia de este colectivo en la Universidad representaba un drama humano que había que atender.

Una vez finalizado el plazo para la entrega de documentación a la Comisión Jurídica, la Comisión Gestora entiende que ha concluido esta segunda fase. A tal fin, quiere informar a la sociedad civil, que ha dado claras muestras de apoyo al problema de estos inmigrantes y ha mostrado su sensibilidad hacia los mismos que:

• La constante labor de obstrucción de las personas que componen la denominada Red de Apoyo en la búsqueda de una solución para el drama humano de los inmigrantes ha llevado al convencimiento de esta Comisión Gestora que dicha solución no está entre los objetivos de esas personas, que más bien parecen perseguir una confrontación general con las autoridades políticas sobre el problema de la inmigración, en la que la Universidad como Institución no ha estado ni debe estar. Por ello, esta Comisión Gestora ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla la actuación de la Red de Apoyo por si pudiera ser constitutiva de un delito contra los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
• Tras un mes de encierro no se ha llegado a una solución global ante la negativa de una parte del colectivo de inmigrantes a colaborar en la resolución del conflicto, actitud que en ningún caso debe servir para descalificar a los miles de inmigrantes regularizados o sin regularizar que aspiran a tener un sitio en esta sociedad, sino que es solamente imputable a aquellos inmigrantes que, habiendo encontrado un espacio de libertad y dignidad, no han sabido o querido aprovecharse de las oportunidades que se les ha brindado para solucionar su problema.
• La Comisión Gestora entiende que la labor desarrollada carece a partir de ahora de sentido y, en consecuencia, pide al colectivo que abandone el campus de nuestra universidad.
• La Universidad Pablo de Olavide, que se debe a la sociedad civil, entiende que a pesar de que no se haya llegado a una solución global, ha cumplido con el objetivo de dar un espacio de libertad y dignidad para la búsqueda de soluciones. A partir de ahora, cualquier gesto o acción que se intente contra esta Universidad, que ha amparado a los inmigrantes e intentado repetidamente ayudar a alcanzar una solución para cada uno, será por tanto exclusiva responsabilidad de quien o quienes los emprendan.

La sociedad civil, que cree que la inmigración representa un gran drama humano al que se le deben buscar soluciones dignas, debe reflexionar acerca de los colectivos y personas que, con desprecio hacia la situación humana de cada uno de estos inmigrantes, los utilizan en beneficio de unos objetivos partidistas que en nada ni a nadie benefician.

Finalmente, la Universidad se reitera en su convicción de que la libertad y la dignidad humanas deben ser la plataforma para la búsqueda de las soluciones a los problemas que tiene la sociedad actual.