Ariadna Garcia-Prado, Universidad Pública de Navarra y Paula González, Universidad Pablo de Olavide
El sistema sanitario español, considerado sólido y confiable en el pasado, se ha convertido en una fuente de preocupación para los ciudadanos.
Uno de los principales problemas actuales es la accesibilidad, con largas listas de espera que preocupan a la población. Esto ha provocado el crecimiento de la sanidad privada, que atrae a quienes pueden pagarla, lo que genera una división preocupante entre los usuarios de la sanidad pública y los de la privada.
Pero la saturación del sistema sanitario español también afecta a los profesionales sanitarios, que muestran síntomas de agotamiento o desgaste profesional (burnout). En huelgas y manifestaciones piden más tiempo para atender bien a sus pacientes y mejoras en sus condiciones laborales.
Un sistema sanitario en crisis
Aunque algunos atribuyen a la pandemia de COVID-19 el deterioro del sistema sanitario español, lo cierto es que esta crisis ya se venía fraguando. Tras la crisis financiera de 2008 el gasto público en salud en España sufrió recortes, debilitando la oferta de servicios médicos. Pese a que a partir de 2014 la inversión comenzó a recuperarse, para cuando llegó la pandemia todavía no se había alcanzado el nivel de inversión previo a la crisis.
Además, el sistema ha venido afrontando problemas de gestión, eficiencia, falta de flexibilidad y deterioro de la calidad, que debieron ser atendidos en su momento pero que, sin embargo, se fueron posponiendo.
Si a los recortes se suman la escalada de costes debido al envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, el problema se agrava.
Práctica médica dual
Uno de los temas que lleva años en el punto de mira es la práctica dual de los médicos, que trabajan tanto en el sistema sanitario público como en el privado.
En 2017, amparados por la norma que regula las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas (Ley 53/1984), más de 100 000 trabajadores sanitarios tenían más de un empleo en España.
En un intento por frenar esta dualidad, las comunidades autónomas ofrecieron durante años un complemento salarial a los médicos que se comprometiesen a trabajar exclusivamente en el sector público. Sin embargo, esta medida no tuvo el impacto deseado y las cifras parecen indicar que uno de cada tres médicos sigue pluriempleado en España, porcentaje que varía según la especialidad o la región.
No obstante, en septiembre de 2024 sigue sin conocerse la cifra exacta de profesionales acreditados en la red pública y privada, ya que el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, aprobado por el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril sigue sin estar operativo.
Lo que sí sabemos es que la red privada está demandando un número creciente de profesionales sanitarios, médicos en particular, compitiendo con la retención de talento en la red pública. El empleo privado de médicos especialistas estaba en 2021 en torno al 30 % del total, con un incremento desde 2018 del 7 %, frente a la caída del empleo público del 1,7 %.
¿Es el dinero el principal motivo?
Aunque el argumento más común para justificar la práctica dual de los médicos es la necesidad de complementar los bajos ingresos públicos, los estudios académicos existentes no muestran que las subidas salariales tengan un impacto directo en la reducción de la oferta de trabajo en el sector privado.
Si bien es cierto que los médicos en España consideran insuficiente su remuneración, los salarios médicos en el sector público no son tan bajos en términos absolutos. En 2022, los médicos especialistas en España ganaban, en promedio, 80 000 euros brutos anuales, una cifra casi tres veces mayor que el salario medio del país.
Además, si se ajustan los salarios por paridad de poder adquisitivo, las diferencias salariales con otros países de la OCDE no son tan grandes. Incluso los salarios en España son superiores a los de países de su entorno como Francia o Portugal.
Así pues, el atractivo del sector privado no se basa solo en la remuneración económica. Muchos médicos encuentran en el sector privado una mayor flexibilidad, mejores oportunidades de desarrollo profesional y una menor carga administrativa.
Por otra parte, el sistema sanitario público carece de modelos flexibles de contratación y movilidad del personal, y de ajuste de las jornadas laborales a las necesidades de su personal. Además, no incentiva el desarrollo profesional ni fomenta la formación continua y la innovación, lo que desanima a los profesionales más cualificados.
¿Es cuestionable simultanear empleos?
La simultaneidad de trabajos en el sector público y privado genera controversia. Es evidente que permitir la práctica dual puede contribuir a la retención de los profesionales sanitarios en el sector público. Sin embargo, esa simultaneidad da lugar a largas jornadas laborales que pueden aumentar el riesgo de cometer errores médicos, lo que pone en peligro la seguridad de los pacientes.
Esta práctica también puede afectar a la calidad de la atención en el sector público. Los médicos que trabajan en ambos sectores pueden verse tentados a eludir sus responsabilidades en el sistema público, lo que podría resultar en tiempos de espera más largos y una menor calidad de atención. Además, existe el riesgo de que los médicos utilicen el sector público para derivar pacientes al privado, o viceversa, generando un conflicto de intereses.
Si bien es cierto que no todos los médicos actúan de esta manera ni son susceptibles de desarrollar prácticas inapropiadas que puedan perjudicar al paciente, es un riesgo a tener en cuenta y que tiene que ver con la ética profesional.
Una reforma integral
Detrás de la controversia en torno a la práctica dual en el sistema sanitario español se encuentra un problema organizativo más profundo que es necesario abordar.
Aunque la eliminación de la cláusula de exclusividad puede mejorar la motivación de los médicos, el burnout no tiene su raíz únicamente en factores económicos. Tampoco esa medida garantiza por sí sola una mejora en la eficiencia ni en la calidad del servicio.
Lo que realmente se necesita es una reforma integral de la administración pública, que ofrezca una mayor flexibilidad en la gestión del personal y fomente la innovación y el desarrollo profesional. Estos cambios no solo ayudarían a mejorar la calidad y la eficiencia, sino también a retener el talento.
Tal reforma no debe excluir al sector privado. Al contrario, es importante mantener una colaboración público-privada, siempre bajo la premisa de salvaguardar la calidad de la atención médica y la equidad en la atención sanitaria.
Este artículo está basado en la contribución de las autoras al informe SESPAS 2024, publicado en Gaceta Sanitaria y disponible aquí.
Ariadna Garcia-Prado, Profesora Titular del Departamento de Economía (UPNA): Economía de la Salud; Economía de la Pobreza; Economía del Comportamiento, Universidad Pública de Navarra y Paula González, Catedrática de Economía, Universidad Pablo de Olavide
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
