La actual Ley de Extranjería empuja a los menores inmigrantes, una vez que llegan a los 18 años, a “sobrevivir”, quedando en una situación de “extrema vulnerabilidad” que genera “tensiones y disrupciones que nadie quiere”, por lo que es necesario “hacer un esfuerzo legislativo para mejorar el marco de protección de estas personas una vez que cumplen los 18 años”.
José Carlos Cabrera Medina, consultor en políticas de migración e infancia, hace estas reflexiones al tiempo que asegura no creer “que la gente en general pretenda criminalizar a los menores inmigrantes, más allá de que haya algún partido político que sí tiene este interés”.
Cabrera Medina ha hecho estas declaraciones en el ámbito del curso ‘Intervención social con personas en riesgo de exclusión social’, que se imparte en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona dentro de la programación de la XIX edición de los cursos de verano de la UPO. El seminario está dirigido por la antropóloga y pedagoga Cosette Franco Muñoz, del Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide.
En opinión de Cabrera, mediador intercultural de la Escuela Internacional de Mediación (EIM), la emigración de menores es un fenómeno global que afecta a muchos países y que, en el caso de Andalucía, tienen puntos de origen y destino “muy focalizados”. Así, explica que se trata en su mayoría de menores marroquíes “que salen desde unas pocas zonas de dicho país y que van sólo a unas pocas regiones de nuestro país, como son Madrid, País Vasco, Cataluña y, en menor medida, la Comunidad Valenciana”.
Cuestionado sobre los motivos que llevan a los menores a abandonar su país, asegura que se trata de la “falta de expectativas” en sus sociedades de origen y la idea de que la migración “es la única palanca de cambio para prosperar socialmente”. La mayoría de los menores migrantes llegan a Andalucía “en los bajos de camiones y autobuses” y lo hacen “con ganas de aprender y, sobre todo, conseguir algo que está muy valorizado en su entorno: aprender un oficio”.
En opinión de Cabrera Medina, la red de profesionales de protección a la infancia ha de incorporar “cada vez personal más especializado que comprenda el entorno de donde vienen estos menores, conozca su problemática y sepa qué herramientas pueden mejorar esos itinerarios”.
Por último, lamenta lo pronto que “hemos olvidado que nosotros también fuimos migrantes”, por lo que aboga por “abrir al voluntariado” los centros de protección con el objetivo de que la gente pudiera “empatizar” con estos menores y ayudarlos en su “acompañamiento”. “Seguimos trabajando con un sistema de protección pensado para chicos de los años 80 del siglo pasado, pero son menores transnacionales de otras culturas y con otras necesidades, lo que da todavía muchos desajustes”, concluye.