El profesor del Área de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide Raúl Sánchez Gómez ha asegurado que la legislación procesal penal española está desfasada para hacer frente a las nuevas formas de terrorismo internacional, como el yihadista: “La legislación procesal penal contempla un modelo de investigación y enjuiciamiento claramente obsoleto. Por ello, la reforma procesal penal resulta acuciante en este sentido, debiendo delimitarse claramente aspectos básicos de la investigación penal”, ha declarado.

Con respecto a los instrumentos de los que dispone el Estado de Derecho para actuar contra los delitos de terrorismo, el profesor ha afirmado que el cauce natural es el proceso penal, configurado de forma equilibrada. Es decir, “frente al derecho de acción penal, la investigación y eventual condena, debemos necesariamente situar los derechos del sujeto pasivo del proceso penal”, ha puntualizado. Sin embargo, ha admitido que alcanzar dicho equilibrio no es tarea fácil, sobre todo en una materia tan delicada como la constituida por los delitos de terrorismo.

Por otro lado, Raúl Sánchez también se ha pronunciado sobre la prisión permanente revisable, propuesta por el ministro Gallardón en la reforma del Código Penal. Desde su punto de vista “y dejando cuestiones conceptuales al margen, con el diseño constitucional actual, la prisión permanente revisable debería declararse inconstitucional”.

La doctrina Parot, aplicable a casos de terrorismo, también ha sido objeto de valoración por parte del profesor. A este respecto, ha afirmado que “la doctrina Parot ha sido un mecanismo con unos efectos y objetivos muy concretos en materia de terrorismo. Sin embargo, hemos podido advertir la aplicación extensiva de tales argumentos a tipos penales ajenos al terrorismo. Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado críticamente al respecto”.

Los pasados días 27 y 28 de mayo, la Universidad Pablo de Olavide celebró el curso práctico sobre “La investigación de los delitos de terrorismo”, organizado por el Máster Superior en Abogacía, a través del Área de Formación Permanente de la UPO. “El curso ha servido para sentar las bases de un proyecto más ambicioso que parte de la actuación conjunta de los diversos servidores públicos presentes en la investigación de los delitos de terrorismo”, ha concluido Raúl Sánchez, que también es director de Calidad del Máster Superior en Abogacía.