Divulgación

‘Mujer y discapacidad’, conferencia en homenaje a Rosario Valpuesta impartida por María Paz García Rubio

Organizada por la Asociación Rosario Valpuesta y el área de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide

Fátima Giráldez, Mª Paz García y Francisco Infante durante la conferencia
Fátima Giráldez, Mª Paz García y Francisco Infante durante la conferencia

María Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela, ha impartido hoy una conferencia titulada ‘Mujer y discapacidad’ en homenaje y recuerdo de Rosario Valpuesta, primera rectora de la Universidad Pablo de Olavide. El profesor de la UPO Francisco Infante ha presentado a la ponente, invitada por la Asociación Rosario Valpuesta y por el área de Derecho Civil de la Universidad, que retoman esta actividad académica en el campus tras interrumpirse dos años a consecuencia de la pandemia.

Conferencia 'Mujer y Discapacidad' cartelMaría Paz García Rubio ha recordado el legado sobre diversidad y feminismo de quien fuera primera rectora de la Universidad Pablo de Olavide y ha centrado su conferencia en el cambio de paradigma que supone para la vida de las personas la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en vigor desde septiembre de 2021 y que no ha tenido ninguna repercusión a pesar de su importancia.

La citada Ley, en cuya elaboración participó la catedrática de la USC, traslada al ordenamiento jurídico español el artículo 12 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Este convenio internacional supone un cambio de modelo, del médico al social, a la hora de considerar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. “Las personas somos todas diversas, somos todas distintas, y la discapacidad forma parte de la diversidad”, ha explicado durante la conferencia. En este sentido, las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones en todas las facetas de su vida, incluso si estas tienen consecuencias jurídicas, en contra del principio establecido hasta ahora del mejor interés por el que otras personas tomaban estas decisiones. Para que puedan tomar sus propias decisiones, acertadas o no, como las que tomamos todos libremente en la vida, los estados deben apoyar a las personas con discapacidad para que puedan salvar las barreras que les impiden ejercer sus derechos.

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