Divulgación

Unas jornadas analizan la implantación de soluciones de Inteligencia Artificial en el ámbito de la Justicia

El rector de la UPO, junto con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, inaugura este encuentro celebrado en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya

De izquierda a derecha: Ana María Corredera, José Antonio Nieto, Francisco Oliva y Eduardo Gamero

Especialistas y académicos se han reunido hoy martes en la Jornada ‘Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia’, una actividad organizada por la Universidad Pablo de Olavide a través del proyecto de investigación ‘Inteligencia artificial y Derecho Administrativo: problemática general y aplicaciones en la Junta de Andalucía’. La jornada tiene como objetivo analizar las ventajas y reparos que plantea la implantación de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la Justicia.

El acto ha sido inaugurado por el rector de la UPO Francisco Oliva; el consejero y viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía José Antonio Nieto y Ana María Corredera; y el catedrático de Derecho Administrativo de la UPO, Eduardo Gamero. La jornada se ha celebrado en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya.

A lo largo de la jornada se ha reflexionado sobre las oportunidades, límites y retos que presenta la aplicación de la IA en el sistema de Justicia, ya sea como soporte a la toma de decisiones procesales, ya en auxilio de la Oficina Judicial.

La actividad combina e integra la visión académica, aportada por el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y presidente de la Fundación Inteligencia Artificial Legal (FIAL) Víctor Moreno Catena, con la exposición de casos de uso por parte del Joint Research Centre de la Comisión Europea y de empresas tecnológicas que vienen desarrollando soluciones de IA para el sistema de Justicia, así como con la visión de diferentes operadores del sistema: responsables políticos del Ministerio de Justicia y de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía; y representantes de la magistratura, del cuerpo de Letrados de Administración de Justicia y de la Abogacía.