Las empresas de telefonía y los bancos acaparan la mayor parte de las denuncias y reclamaciones de consumidores y usuarios por cometer abusos o fraudes, seguidos por las eléctricas y las compañías de seguros. Son datos aportados por Francisco Sánchez Legrán, presidente de la Fundación FACUA, quien añade que este vergonzante ranking lo completan la vivienda, los electrodomésticos, productos de hogar, transporte público y ocio y vacaciones, como los sectores en los que se vulneran con mayor frecuencia los derechos de los consumidores.

Francisco Sánchez Legrán ha realizado estas declaraciones con motivo de la inauguración del curso “La protección de los consumidores y usuarios desde el ámbito municipal”, que se desarrolla hasta mañana en el marco de los cursos de verano que la Universidad Pablo de Olavide celebra cada año en su sede de Carmona bajo su dirección.

El presidente de la Fundación FACUA considera necesaria una reforma legal que permita a las administraciones públicas ser “más contundentes” a la hora de sancionar a las empresas que cometan abusos y fraudes contra los consumidores y usuarios, y que estas sanciones “sean proporcionales a las cantidades defraudadas” ya que, a su juicio, la realidad actual es que “las multas son muy inferiores a las ganancias que les generan los abusos o fraudes”, de manera que para estas empresas resulta un “negocio” porque las sanciones no son disuasorias.

Por otro lado, Sánchez Legrán entiende que hay que reforzar los cuerpos de inspectores de consumo y dotarlos de más medios “para que puedan ejercer su labor preventiva con eficacia”, además de actualizar la legislación para adecuar la regulación de la defensa de consumidores y usuarios “a los avances de las nuevas tecnologías o a las propias maniobras utilizadas por las empresas para vulnerar las leyes actuales”.

Si bien reconoce que los ciudadanos están hoy mejor informados sobre sus derechos frente a posibles abusos y fraudes por parte de las empresas, afirma que aún persiste una “amplia desconfianza” en buena parte de la población a la “utilidad de presentar reclamaciones”, lo que conlleva a una “renuncia a ejercer sus derechos como consumidores y usuarios”. Asimismo, considera que las administraciones públicas están incumpliendo en parte su “obligación de fomentar una información adecuada” hacia los ciudadanos en esta materia.

Sobre el papel que juega la Administración local en la defensa de consumidores y usuarios de bienes o servicios, el presidente de la Fundación FACUA asegura que los ayuntamientos han de jugar una “importante labor” a través de sus servicios propios de inspección y de la Policía Local, “que puede garantizar que los establecimientos de venta de productos o de servicios funcionen de manera legal en sus municipios”.

Además, recuerda que los gobiernos locales tienen competencias en materia de control de higiene y salud pública en la venta y conservación de alimentos, tanto en mercados de abasto como en establecimientos, así como en la regulación de los mercados de venta ambulante.

Junto con estas actuaciones –continúa- los ayuntamientos tienen potestad para “crear Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC)” que, además de ofrecer información a los vecinos sobre sus derechos, “fomentan las Juntas Arbitrales de Consumo para facilitar la solución más rápida de las reclamaciones”. Por último, afirma que los consistorios deben “ayudar al fomento de las asociaciones de consumidores” y a la “formación de los ciudadanos en relación al consumo”.