Desde el inicio de la crisis, los españoles han soportado el deterioro económico del sistema; sin embargo, según señala Joaquim Bosch, además “ha ido acompañado de un impacto negativo en el ámbito de los derechos, como el derecho a la vivienda o buena parte de los derechos sociales”. En el ámbito laboral, la esfera de protección jurídica de los trabajadores “se ha reducido a su mínima expresión”.