El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja, y Montaña Benavides Agúndez, presidenta de la Fundación Aranzadi Lex Nova, firmaron ayer miércoles un protocolo general de colaboración cuyo principal objetivo es establecer las bases para impulsar la celebración de actividades formativas de tipo económico, científico, técnico y de investigación en materias de interés común. Al acto también ha asistido el director de Calidad del Máster Superior en Abogacía de la UPO,  Raúl Sánchez Gómez.

Las dos instituciones manifiestan así el interés de fomentar la colaboración entre ambas con el fin de que se desarrollen actividades conjuntas en el área formativa y de investigación, así como en actividades prácticas dirigidas a estudiantes universitarios.

Con la firma de este convenio, la Fundación Aranzadi Lex Nova cumple con la misión que tiene encomendada en sus Estatutos, que no es otra que la de promover y difundir el conocimiento de las leyes y su aplicación en territorio español y portugués, así como de los derechos y deberes de los ciudadanos, con el objeto de mejorar la convivencia, la solidaridad, el respeto y la calidad de vida de nuestra sociedad, en todos los ámbitos y a todos los niveles, e integrando plenamente a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

A su vez, la Universidad Pablo de Olavide está al servicio de la sociedad y se define como un lugar de reflexión y pensamiento crítico comprometido con la contribución al progreso, con la enseñanza del respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas, con el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad y los valores humanos y con la respuesta a las necesidades y problemas de la sociedad contemporánea.

La firma de estos acuerdos responde al objetivo principal de, mediante convenios específicos, desarrollar distintos ámbitos de cooperación, en relación con clínicas legales, Máster Superior de Abogacía, estudios específicos sobre Derechos Humanos, destacando la defensa de los derechos de los menos favorecidos, mediante asesoramiento jurídico, formación y publicaciones y estableciendo una colaboración adaptada a las particularidades de ambas entidades que estarán relacionadas con el apoyo a la difusión del conocimiento de los derechos y protección legal de las personas afectadas.