Las elecciones a Defensor/a Universitario/a de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se celebrarán en la sesión del Claustro del próximo 6 de noviembre. El pasado viernes 18 de octubre se abrió el plazo de presentación de candidaturas, que concluirá este viernes 25 de octubre.
La iniciativa para proponer candidatos puede corresponder al rector o a una quinta parte de los claustrales, según establece el artículo 185.1 de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide.
El Claustro de la UPO elegirá a su nuevo Defensor/a Universitario/a después de que el Defensor, el catedrático de Derecho Administrativo Eduardo Gamero, retirara su candidatura en las pasadas elecciones del mes de mayo tras no haber alcanzado en la primera votación del Claustro la mayoría absoluta, con 88 votos a favor de los 92 votos que fijan esta mayoría requerida por los Estatutos de la Universidad.
El Consejo de Gobierno de la UPO acordó el pasado 30 de julio designar Comisionado para la Defensoría Universitaria, a propuesta del rector, al profesor Eduardo Gamero Casado hasta la celebración de elecciones a Defensor Universitario tras el inicio de este curso académico. Eduardo Gamero ha sido Defensor Universitario de la UPO desde diciembre de 2007.
La Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios. A este efecto recibe quejas y efectúa sugerencias, tramita expedientes de oficio y desempeña funciones de mediación. Todas sus actuaciones se dirigen a la mejora de la calidad universitaria.
Se trata de un órgano de creación preceptiva, de acuerdo con la Disposición Adicional 14ª de la Ley Orgánica de Universidades. Los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide regulan su funcionamiento en su Título VIII.
La Defensoría Universitaria es un órgano imparcial e independiente, cuya persona titular es democráticamente elegida por el Claustro Universitario, ante el que presenta un informe anual. No está sometida a directrices ni mandato imperativo alguno, pero tampoco dispone de poderes ejecutivos: efectúa recomendaciones y sugerencias guiadas por un principio de equidad o justicia material.
La designación del titular de la Defensoría requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Claustro universitario. El titular tendrá un mandato de 4 años.
