El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, acudió ayer en el Palacio de San Telmo a la presentación de sendos informes en los que expertos y expertas de las universidades públicas andaluzas, coordinados por los catedráticos de la UPO Xavier Coller y Jesús Ramos, han abordado la reforma del sistema de financiación autonómica y la reforma territorial en España. Al acto asistieron la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano; la consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez; y el consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios.

Los documentos “Propuestas para el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica” y “Propuestas para un debate sobre la reforma territorial” son un encargo del Gobierno andaluz coordinado por la Universidad Pablo de Olavide. En ellos se pone el conocimiento de las universidades andaluzas al servicio del bien común, atendiendo retos y problemas concretos de la sociedad española.

El documento sobre financiación autonómica se estructura en base a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Este parte de la premisa de que el sistema de financiación actual es opaco y complejo, siendo esta opacidad caldo de cultivo para que desde las regiones se realice una interpretación particular de la falta de equidad en el reparto de los fondos entre territorios.

Por otra parte, el informe sobre reforma territorial analiza el cambio de escenario vivido desde la creación de la Constitución de 1978, tanto en lo que refiere a la globalización, la aparición de organizaciones supra-nacionales, los nuevos poderes geopolíticos, el cambio de valores entre generaciones, la irrupción de las mujeres en la esfera pública y la propia evolución de la sociedad.

Considerando estos dos ámbitos, ambos documentos presentan unas líneas de propuestas que coinciden en aspectos clave. Así, apuntan a la necesidad de abrazar una mayor transparencia, la multilateralidad, la rendición de cuentas o la necesidad de impulsar y facilitar una participación activa de la ciudadanía. Abunda, además, en avanzar sobre los principios de igualdad, justicia y cohesión social, respetando la diversidad y la singularidad de los territorios sin que ello pueda suponer privilegios.