Las psicólogas generales sanitarias Marta Arbona García y Vanesa García Millán han asegurado que «ningún trastorno psicológico de por sí te lleva a cometer un acto delictivo», aunque «hay determinados delitos, que suelen ser leves, que sí se pueden ver influidos por determinados trastornos», pero que este hecho «no conlleva una correlación directa entre la comisión del delito y el trastorno». De hecho, han señalado que «los delitos más graves, como homicidios o asesinatos, normalmente no están relacionados con trastornos psiquiátricos ni psicológicos» y que son más frecuentes en «delitos menores» impulsados por la desesperación de no saber cómo actuar en determinadas circunstancias.
Así lo han manifestado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su participación y dirección del curso de verano ‘Psicología forense’, que ha comenzado este lunes en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla).
Ambas han definido la Psicología forense como «la parte de la Psicología que ayuda al sistema judicial», al ser «expertos en la conducta humana», por lo que todos los conocimientos que tienen de Psicología «los aportan a los jueces, abogados o fiscales para que puedan entender mejor lo que conlleva este aspecto en el proceso judicial».
Ahí radica la «importancia» de la Psicología forense. «El psicólogo forense ayuda a entender cómo los trastornos que presenta una persona han podido influir en dicho proceso, ya sea legal o de familia», han explicado, añadiendo que también sirve, a su vez, para «humanizar» el proceso judicial y que se entienda que «todos somos personas y que, en un momento determinado, en determinadas circunstancias, podemos actuar de una forma no previsible en una línea normal de comportamiento».
Por eso, «cada vez están más demandados los expertos en Psicología en los juzgados y ha aumentado su número en los últimos años», han detallado, y que «en casi todos los juzgados de España existe la figura del psicólogo forense, tanto en lo penal como en lo civil», aunque matizando que donde existen más equipos psicosociales es, sobre todo, «en el ámbito de familia y de violencia de género».
Han comentado que «la principal dificultad» que supone elaborar un informe psicológico en un proceso judicial es «el acceso que se tiene a la persona juzgada», ya que, «desde los equipos psicosociales, la persona que va a ser evaluada va obligada» y, por tanto, «va a intentar falsear la información y los documentos», aunque en el ámbito privado la persona «acude voluntariamente y es mucho más accesible». «La herramienta que más ayuda para combatir ese obstáculo son los test psicológicos llamados escalas de fiabilidad y validez, que consisten en preguntas para saber si una persona miente o no», han agregado.
Por último, han concluido reivindicando «una mayor inversión de recursos» en el ámbito de la Psicología forense, destinando «más psicólogos y trabajadores sociales a los equipos psicosociales de los juzgados» y «mejorar las condiciones salariales de los profesionales» debido a la «dificultad de realizar un informe psicológico bien hecho y explicado».
