Según Juan Pablo Fusi, de los objetivos fundamentales que se proponía el Estado de las Autonomías, dar satisfacción a los nacionalismos vascos y catalán, y rectificar la concepción centralista del estado, solo se habría conseguido el segundo. Por el contrario, los nacionalismos, vasco y catalán especialmente, han mantenido sus aspiraciones a la constitución de sus territorios como comunidades políticas diferenciados, con demandas crecientes de autonomía exclusiva. Este proceso se ha combinado con la politización de las identidades autonómicas dando lugar a un de aumento de identidades exclusivas y excluyentes que amenazan la necesaria solidaridad ciudadana sobre la que deben basarse los estados democráticos. España se encuentra así, en un continuo proceso de negociación sobre su sentido y su naturaleza con las diferentes nacionalidades, que cada vez parece más orientado a la revisión del Estado de las Autonomías a través de la reforma de la Constitución.
La postura de Andalucía frente a esta posibilidad parece clara, habiendo mostrado durante todo el periodo democrático una clara preferencia por un modelo de estado simétrico e inclusivo, en el que la igualdad de todos los ciudadanos españoles independientemente de su Comunidad de residencia toma un protagonismo especial. Esta idea quedó en evidencia ya en el proceso de gestación de la Comunidad Andaluza. El modelo de organización territorial inicialmente contemplado en el proyecto de constitución de la UCD planteaba una España de dos naturalezas: una de corte federativo para Cataluña, País Vasco y Galicia; y otra descentralizada administrativamente, pero con regiones sin poderes legislativos. Sin embargo, el acceso de Andalucía a su autonomía por el artículo 151 de la Constitución significaba toda una declaración de intenciones. La única de las comunidades “no históricas” que lograba este estatus inauguraba así el conocido como “café para todos”.
Aunque teóricamente Andalucía no tendría inconveniente en admitir situaciones específicas, de ningún modo aceptaría situaciones que implicaran ni la subordinación política de Andalucía, ni una situación de privilegio económico para otras Comunidades. Es decir que aunque Andalucía comprenda los hechos diferenciales, su preferencia hacia la simetrización se manifiesta en el hecho de que no tiene “ninguna tolerancia hacia los privilegios políticos y económicos y sí máxima garantía para el funcionamiento efectivo del principio de solidaridad”.
Este valor andaluz, de “no ser menos”, es claramente compartido por la ciudadanía andaluza. La cita que ilustra el título de este proyecto “Y si todos somos españoles, ¿por qué somos diferentes?” aparece de forma destacada en diferentes trabajos de investigación. Y cabe destacar que un valor compartido por grupos de ciudadanos también fuera de nuestra Comunidad. Creemos, por tanto, que existe potencial para argumentar y defender un estado simétrico basado en la solidaridad y la igualdad entre ciudadanos y territorios, y aún más que esta argumentación puede conducir a crear identidades inclusivas que sean trasversales a ideologías y territorios. Argumentamos que sin que se desarrolle este tipo de identidad inclusiva y trasversal no será posible alcanzar un estado simétrico y solidario; si las identidades excluyentes promovidas con el fin de alcanzar soluciones asimétricas no se contrapone con identidades inclusivas que promuevan la solidaridad entre ciudadanos y territorios, España seguirá en el mismo estado de continua re-negociación y equilibrio durante mucho tiempo.
En resumen, la realización de la aspiración andaluza a una España simétrica en el futuro inmediato enlaza estrechamente con el tipo y la fortaleza de los vínculos afectivos que los ciudadanos llegan a desarrollar con sus comunidades políticas de pertenencia. Es decir, precisa de la existencia de identidades inclusivas y trasversales. Entre otros posibles anclajes, destacamos en este proyecto el potencial del nacionalismo del bienestar y/o patriotismo social. Se trata de un tipo de nacionalismo en el que la nación o el estado se definen como una comunidad de justicia social, a través de las políticas de bienestar y la redistribución económica. Dadas las suspicacias que generan los anclajes basados en marcadores culturales, el fracaso del “patriotismo constitucional”, el rechazo por una parte importante de la ciudadanía de los símbolos de la patria, y la espiral en la que se ha convertido la cesión de competencias, es probablemente este nacionalismo del bienestar sea el que mejor puede servir al desarrollo de identidades inclusivas y trasversales en nuestro país.
Por ello entender, los anclajes de esa identidad, la idiosincrasia que pueda presentar el caso andaluz, y sus diferencias con otras comunidades resulta relevante en el contexto actual al que se enfrenta el estado español. Esta información resulta fundamental para los actores sociales y políticos tanto para argumentar sus posturas, como para dar complimiento a su misión de representación democrática.
En resumen, el objetivo general de la propuesta se centra en establecer empíricamente qué tipo de anclaje identitario puede generar tipos de identidad inclusivas que puedan fortalecer la cohesión y solidaridad entre territorios y personas. Y, de este modo, apuntalar la aspiración andaluza a una España de corte simétrico.
El análisis empírico sobre las identidades que proponemos se basa en el análisis cuantitativo de datos secundarios de encuestas. En concreto de los barómetros autonómicos de CIS. Hasta el momento se han realizados 3 barómetros en 2005 (número 2610), 2010 (2829) y 2012 (2956). De forma general contienen información necesaria sobre las variables de interés en nuestra investigación, además de las habituales sociodemográficas y de comportamiento político.
A partir de estos datos se plantean dos tipos de aproximaciones. Por un lado, un análisis trasversal de cada uno de los barómetros, centrado en los determinantes de la identidad y las preferencias de organización territorial en Andalucía, en comparación con al resto de comunidades. Prestaremos una atención central, en cada uno de los estudios, a la importancia de la percepción sobre los responsables de las políticas públicas de bienestar y su evaluación, así como los efectos de la situación económica. En segundo lugar, y de forma complementaria, planteamos un análisis multinivel, en el que incluiremos como variables de segundo nivel información económica agregada de las diferentes comunidades.