Informes del Rector del año 2017

El Sr. Rector toma la palabra para informar acerca de los temas que afectan a las Universidades en el ámbito nacional y especialmente respecto de distintos temas que afectan al profesorado: los criterios de acreditación y los sexenios.

En cuanto al ámbito autonómico, el Sr. Rector destaca que la Junta de Andalucía, concretamente, la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de la Secretaría General de Universidades, está trabajando sobre distintos documentos respecto de la ordenación académica de las Universidades. Una de las pretensiones es regular la planificación académica, que debe tener carácter plurianual. Respecto de este aspecto la Junta considera que la oferta de grado y postgrado en Andalucía es suficiente y no se debe aumentar, así cualquier titulación nueva a implantar debe contar, al menos, con el 80% de los recursos humanos y materiales, lo que implica que para implantar una titulación nueva se debe modificar reducir o suprimir alguna que ya se esté desarrollando. Esto explica que la evolución de la oferta académica de las universidades públicas sea bastante pobre. En los últimos cinco años únicamente se han implantado tres titulaciones nuevas de grado lo que demuestra la importancia de desbloquear esta situación.

Otro tema de interés es la internacionalización del sistema universitario andaluz a través de la captación de estudiantes extranjeros, respecto del que no existe una estrategia común, siendo, por tanto, la variedad de criterios y opiniones lo que se muestra el DUA, más que una imagen de globalidad.

El Sr. Rector informa también sobre los temas de investigación. Las universidades deben, en los próximos tres años, efectuar convocatorias propias de proyectos de investigación. Esto supone un avance importante, después de 5 años de baja actividad. La Junta de Andalucía ya ha aprobado en BOJA la Orden que regula de forma general las distintas actuaciones. Los proyectos se evaluarán por la DEVA, que se debe reforzar a estos efectos para poder asumir estas funciones. Esperamos que la gestión sea lo más informatizada posible para que no recaiga sobre el personal de la Universidad (PDI o PAS).

EL Sr. Rector termina haciendo referencia a la situación económica actual, pues a 21 de diciembre, no se ha avanzado en lo que se refiere a la distribución del presupuesto de la Junta para las Universidades Públicas. Así, el proyecto de presupuesto en la Universidad se presenta con la estimación realizada pero evidentemente queda condicionado a lo que se reciba. Es importante apostar y trabajar por la convergencia presupuestaria para que los servicios se presten con la calidad que requieren. No obstante, en términos netos, existe más dinero a repartir que en otras ocasiones. Esto se debe a un incremento del 4,4% que incluye la compensación por la bonificación de las matrículas. Como ya se ha informado en otras ocasiones, se aclara que el incremento real es del 2%. No obstante, es importante destacar que el dinero disponible para las Universidades aumenta casi un 7%, por lo que no deben existir problemas de suficiencia, aunque se insiste en que trabajamos para obtener la convergencia.

Finalmente, aclara el SR. Rector que los presupuestos de las universidades incluyen la compensación de las matrículas de grado y postgrado, pero no responde a la disminución de los precios de las tasas de masters no profesionalizantes, cuantías respecto de las que no está prevista la compensación. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que una parte importante se debe destinar a la recuperación de derechos del PDI y del PAS. En esta materia la situación sigue estancada. En el PDI existen acuerdos alcanzados, pero no firmados; en el caso del PAS no se han alcanzo aún acuerdos, por lo que la negociación sigue abierta. Esperamos que estos acuerdos no se vean afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el decreto de recuperación de derechos.

El Sr. Rector toma la palabra para informar acerca de los temas que afectan a las Universidades en el ámbito nacional. A estos efectos, se destaca que se ha elegido como nuevo presidente de la CRUE al Excelentísimo Rector de la Universidad de Lérida, D. Roberto Fernández. Como consecuencia de la celebración en Sevilla de la Feria Europea de Universidades se han firmado diversos Convenios (Conferencia de Rectores de Chile, Argentina y Polonia). Destaca la firma del Convenio de Colaboración entre la CRUE y la CREUP, y entre Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Economía, Industria y Competitividad, la ANECA y la CRUE por el que la se inicia un Proyecto Piloto de Medición de la transferencia en el Sistema Universitario Andaluz con el objetivo de efectuar el reconocimiento de un sexenio específico por transferencia de resultados de investigación.

Con respecto al ámbito autonómico, el Sr. Rector informa de que se ha iniciado la tramitación del presupuesto de 2018 para las Universidades y de que en él van a incidir destacadamente dos factores: el impacto de la bonificación de las matrículas y las consecuencias económicas que conllevan las negociaciones que se están desarrollando entre la Administración y la Universidades en torno a la reducción de la dedicación docente del PDI, a ejecutar en 2018 y 2019, el reconocimiento de los quinquenios y sexenios del PDI laboral y la promoción horizontal del PAS. Se aclara que el Presupuesto para 2018 crece un 4,4 %, pasando de 1470 a 1535 millones de euros. No obstante, el incremento real es únicamente del 2.4 % si tenemos en cuenta que la cifra mencionada incluye la compensación por bonificación de las tasas. Específicamente, las partidas de financiación básica se desglosan en: operativa (1204 millones de euros), inversiones (40.5 millones de euros) e investigación (37 millones de euros), a las que se suman otros conceptos y cuantías menores. El incremento supone una cuantía adicional de 78 millones de euros para el sistema universitario. De ellos, 27 millones se destinan a la recuperación de derechos y, en principio, se distribuye en función de las necesidades de cada Universidad para cumplir los acuerdos. En el caso concreto de la Universidad Pablo de Olavide, el pago de quinquenios y sexenios del PDI en 2018 representa 820.000 euros, mientras que la promoción horizontal del PAS supone 300.000 Euros. El resto, esto es, 51 millones, se deben destinar a hacer frente al crecimiento vegetativo, incrementos salariales, promociones, etc. A pesar del incremento, hay varios aspectos que atenazan el presupuesto y que generan incertidumbre. En primer lugar, que no existen criterios claros para efectuar al reparto, al no existir aún un nuevo modelo de financiación de las Universidades; en segundo lugar, que dicho incremento no se acompaña de un aumento de la cota de personal por lo que es muy posible que este límite legal impida una recuperación efectiva de los derechos mencionados. El Equipo de Gobierno trabaja al unísono para aclarar y mitigar estas incertidumbres.

El Sr. Rector termina su intervención informando sobre las dificultades que existen para articular las bonificaciones de los estudiantes de postgrado por la falta de datos en el DUA y el riesgo de que el impacto en 2017 de la bonificación puede generar déficit, puesto que mientras que la Universidad Pablo de Olavide usa el criterio de devengo para computar las tasas, la Junta de Andalucía utiliza el criterio de caja para el reembolso, aspecto que generará distorsione importantes, máxime si tenemos en cuenta que la Junta presupone que todos los estudiantes fraccionan el pago en 8, razón por la que, a pesar de tener reconocida la compensación, no se hará efectiva  en su totalidad hasta 2018. Se informa de que, en el día de hoy, comparece en la Comisión de Financiación Autonómica del Parlamento Andaluz el Vicepresidente de AUPA, por invitación de la Junta de Andalucía y con objeto de facilitar que las Universidades aporten sus ideas para la financiación autonómica. Por último, se recuerda dos eventos que se celebrarán en el mes de noviembre en la Universidad Pablo de Olavide: la inauguración de la Exposición que conmemora el 1900 Aniversario de la llegada del Emperador Adriano al trono imperial y la presentación, el 8 de noviembre, de la “Campaña 100 millones por 100 millones”, auspiciada por el Permio Nobel de la Paz 2014, Sr. D. Kailash Satyarthi, dirigida a luchar contra el trabajo infantil. Destacar que para la Presentación de esta campaña en España se ha elegido la Universidad Pablo de Olavide.

El Sr. Rector toma la palabra para informar acerca de los temas que afectan a las Universidades en el ámbito nacional. En primer lugar, se informa, sin perjuicio de un tratamiento más profundo en el Punto 3 del orden del día, de que el Ministerio de Hacienda ha impugnado la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). En segundo lugar, se destaca que se mantiene la paralización de los procesos de promoción y de acreditación a los Cuerpos Docentes Universitarios. Se reitera que el proceso de acreditación, a pesar del interés demostrado por los distintos colectivos, no está clarificado y que tanto la CRUE, como la UPO y los representantes de los trabajadores están por la labor de esclarecer la situación por lo que informan puntualmente de cualquier avance que se produzca.

Con respecto al ámbito autonómico, informa el Sr. Rector, de que este mismo día, en la sesión de tarde, se reúne el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) para debatir sobre tres temas de interés. El primero de ellos se refiere a los Protocolos para solicitar nuevos títulos de Máster. Respecto de ellos, parece existir la pretensión, por parte de la Junta de Andalucía, de aplicar las mismas restricciones que afectan a los títulos de Grados por las implicaciones presupuestarias que conllevan. Se continúa considerando, en consecuencia, que, la puesta en marcha de nuevos títulos, sean de grado o de máster, debe efectuarse en gran medida con los recursos disponibles en cada una de la Universidades. No obstante, la UPO solicitará autorización para implantar nuevos grados, aunque dicha implantación no se efectúe durante el Curso Académico 18-19, a pesar de los inconvenientes. A estos efectos, aclara el Rector que la UPO considera que las restricciones destacadas no deberían aplicarse a los grados que ya estaban programados en el “Mapa de Titulaciones 2010”, documento en que dicha Universidad tenía programada la implantación de varios Grados: Fisioterapia y Tecnología de los Alimentos, de los que interesa especialmente el primero. No obstante, la cuestión no es pacífica puesto que la Junta de Andalucía considera que las exigencias comentadas para la implantación de nuevos grados (sustancialmente, contar ya con un amplio porcentaje del profesorado y de los recursos necesarios para su implantación) deben aplicarse también para los que estuviesen contemplados en el Mapa de Titulaciones del 2010. Si se impone esta interpretación, la UPO podría implantar el Grado de Fisioterapia.

Un segundo aspecto que se debe clarificar y que aún se está debatiendo entre los distintos actores, es el relativo a las titulaciones posteriores al Mapa de Titulaciones del 2010.  Respecto de ellas, la Junta de Andalucía exige claramente una serie de requisitos, todos ellos dirigidos a garantizar que la Universidad solicitante cuenta con los recursos necesarios. Esta posición implica que la implantación de nuevos grados conlleve necesariamente la supresión o modificación de los ya existentes. Aunque la UPO ha planteado  5 nuevas titulaciones, el rigor exigido probablemente motivará que no se autoricen los títulos de Grado y que se aprueben muy restrictivamente los relativos a Postgrado.

Un tema adicional que se tratará en la CAU es la propuesta de la Junta de Andalucía y de los Rectores para que, dentro del marco de la legislación vigente, se facilite al profesorado la consolidación en el empleo, aspecto que exigirá arbitrar mecanismos para potenciar las oportunidades de consolidación.

 
En cuarto lugar, y por lo que respecta a las medidas que afectan al presupuesto, se debe destacar la medida de la Junta de Andalucía consistente en bonificar el 99% de la matrícula de estudios universitarios en grado y postgrado por cada crédito aprobado. El Sr. Rector destaca que el impacto de esta medida en los sistemas de gestión interna de matrícula se ha controlado de forma adecuada, a pesar de la complejidad técnica de su puesta en funcionamiento. Sin embargo, dicha medida tiene un impacto presupuestario importante, especialmente si la consideramos de forma conjunta con aquella otra que equipara las tasas de los Másteres no habilitantes con las de los Másteres habilitantes, que pasan de 29 a 13 euros por crédito matriculado. Respecto de este descenso, no se ha previsto compensación por la Consejería en 2017, con lo que ello supone a efectos presupuestarios.

No obstante, la bonificación del 99% sí se va a compensar en el año 2017, aunque, en todo caso, hay que tener en cuenta que conlleva una importante falta de liquidez. El equipo de gobierno está trabajando para que surta los efectos menos negativos posibles. Con respecto a los Presupuesto de 2018, está previsto un incremento, aunque desconocemos el porcentaje. En todo caso, se destaca que, si dicho porcentaje se dirige a compensar la bonificación de matrículas y la reducción del precio del crédito de máster, puede que el incremento no sea real al suponer los mismos recursos económicos.

También con posibles repercusiones en el ámbito presupuestario, se informa sobre la implantación 4 medidas en los próximos meses con un impacto superior a 100.000.000 euros: a) el abono de sexenios y quinquenios al personal laboral; b) la recuperación de los complementos autonómicos; c) el tránsito gradual de 32 créditos a los 24 como máximo en la dedicación docente (con un primer tramo en 2018 de 32 a 28); y, d) promoción horizontal del PAS. Como consecuencia de todas estas medidas, la comunidad universitaria debe ser consciente de que el escenario para 2018 es bastante incierto a efectos económicos.

Por último, destaca el Sr. Rector varias circunstancias de interés: que las plazas ofertadas por la UPO se han adjudicado casi totalmente en la primera fase; que tenemos 10 titulaciones que superan el 10 en la nota de corte lo que supone una mayor selección del alumnado, y, por último, que el último desencuentro del Consejo Nacional de Estudiantes con el Ministerio de Educación han culminado con un encierro en el que participaron alumno/as de la UPO. En este sentido, la UPO quiere manifestar que, aunque no entra a valorar la totalidad de las reivindicaciones de los estudiantes, comparte su malestar por no haber sido escuchados y vuelve a mostrar su disconformidad con elevar por encima de 5 la calificación necesaria para obtener becas. Finaliza la intervención informando de que la demora en la adjudicación definitiva de la fecha de apertura del Curso se debe al interés por una fecha que garantice la presencia del Excelentísimo Consejero de Economía y Hacienda, Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López.

El Sr. Rector toma la palabra para informar, en primer lugar, acerca de los temas que afectan a las Universidades en el ámbito nacional. En cuanto a los Presupuesto Generales del Estado (en adelante LPGE) y su incidencia en la Tasa de reposición (en adelante TR) y en la estabilización del personal interino y temporal, informa que se ha avanzado razonablemente en la estabilización de este personal. Empero, entretanto no se apruebe la LPGE, no es preciso efectuar ninguna valoración.

En cuanto a la TR hay que decir que sean producido algunos avances, pero no han consumado las demandas, en este punto, de la CRUE y las organizaciones sindicales. Simplemente decir que para el año que viene, el criterio que se ha impuesto en la LPGE es el mismo que se dictó en le RD 6/ 2017 de 31 de marzo. El  escenario resultante no es demasiado prometedor para el alivio de las expectativas de los acreditados.

En el ámbito autonómico, la Consejería de Hacienda esta dispuesta a incrementar el nivel de transferencia a las universidades con el objeto de que la ejecución del presupuesto sea lo más alta posible. Todo apunta a que este año todas las transferencias corrientes previstas en el Presupuesto andaluz para las universidades (1364 millones), lleguen a las universidades en pagos mensuales de 97 millones, mas dos pagos de 47,5 millones en los meses de julio y diciembre y otros dos de 23.5 millones en los meses de mayo y octubre. Ni que decir tiene que esta medida constituye un alivio para las universidades.  Por otra parte, la Consejería quiere incrementar para el año que viene la financiación para investigación y consolidar el programa del Fondo Social Europeo. También se pretende incrementar la partida destinada a infraestructuras, si bien, en este punto, lo que se pretende es garantizar la plena disponibilidad de las cantidades presupuestadas a este fin.  

En cuanto a la medida recién anunciada por la Presidencia de la Junta de Andalucía, la bonificación del 99% de la matricula de estudios universitarios en grado y postgrado, decir que se trata de una medida que no afecta a los estudiantes de nuevo ingreso, pero que si afecta al resto de estudiantes. Cada crédito aprobado tiene una bonificación del 99% por ciento para el siguiente curso. El Sr. Rector insiste en que la vocación de esta medida, que pretende fortalecer la enseñanza superior gratuita supeditada a la esfuerzo académico, requiere de otras medidas específicas que consoliden el alcance de la misma. La complejidad técnica de su puesta en funcionamiento contrae, al menos a corto plazo, problemas difíciles de gestión, dada la escasez de tiempo para adaptar los sistemas de gestión interna de matrícula, toda vez que la misma comienza a aplicarse en el próximo curso académico. Esta medida tiene además un impacto presupuestario, que aún no es susceptible de calibrarse oportunamente, pues aún no se sabe con exactitud cómo se financia esta medida. La Presidencia de la Junta de Andalucía ha insistido que estas cantidades serán aportadas por transferencia corriente. Sin embargo, junto a esta medida existe otra, no tan conocida, que contrae costes para la Universidad. Y es la equiparación de las tasas de los Másteres no habilitantes al mismo precio que los habilitantes, que pasa de 29 a 13 euros por crédito matriculado. Este descenso puede impactar en el presupuesto de la Universidad para el 2017, pues no se ha previsto que el mismo sea compensado por la Consejería. Este hecho contrae un riesgo potencial de incurrir en déficit.    

    
Para terminar, simplemente refiere tres temas: i) La mesa de Negociación, tanto para PDI y como para el PAS, sigue abierta. Significar que en lo que hace a este último colectivo la Junta de Andalucía esta dispuesta a avanzar en la promoción horizontal. Respecto al PDI, en las múltiples reuniones sectoriales que se han llevado a cabo, hay aún bastante indefinición (complementos autonómicos, el pago de quinquenios y sexenios, etc).  El problema más significativo de los que ahora se abordan es el de los Profesores CD interinos. Ni que decir tiene que estas personas deben tener un horizonte de estabilización, dentro del marco jurídico en Andalucía; ii) Ya se tiene noticia del borrador del Decreto de Titulaciones, donde se recogen 5 postgrados nuevos, en los términos en que fueron propuestos por este Consejo de Gobierno; y iii) se ha publicado la orden por la que se regula el acceso a las ayudas para la obtención del B1. Cabe resaltar, como novedad este año, la inclusión de la posibilidad de que un mismo estudiante consiga una segunda beca para perfeccionar el mismo idioma o para obtener el B1 en un segundo idioma.

El Sr. Rector inicia su informe dando cuenta de dos aspectos sobre política general universitaria. A pesar de la PNDL del Parlamento Andaluz, no existen medidas claras sobre política de personal. Se han reunido distintas mesas de recurso humanos, y se han evidenciado discrepancias sobre los acuerdos generales en la junta de Andalucía. También se está trabajando tanto en la promoción horizontal del PAS como en el el pago de quinquenios, sexenios y complementos autonómicos al PDI. Empero, aún no se sabe el alcance del compromiso que se adoptará en este punto. El acuerdo que se ha tomado, de momento, consiste en que mientras las mesas de negociación estén abiertas no se negocie particularmente en cada universidad con el objeto de que exista homogeneidad en todo el sistema. Se está trabajando en materia de jornada laboral para recuperar la jornada efectiva de 35 horas. Asimismo y para el caso del PDI, se recoge una partida presupuestaria de 20 millones para que el profesorado tenga una dedicación máxima de 24 créditos. Los temas restantes siguen negociándose y sujetos a disponibilidad presupuestaria.

El próximo 26 de abril se reúne el CAU y se espera que el reparto de la financiación en sus diversos conceptos se aprueben: financiación básica, por investigación y por inversiones en infraestructuras, así como los distintos planes de excelencia PECA. En este sentido, la JA está trabajando con todas las sectoriales de la AUPI para establecer criterios de reparto. El Sr. Rector señala que la financiación de la universidad está garantizada (54,5 millones de euros). La junta ha procedido al reparto sin el acuerdo explícito de los rectores, debido a la falta de criterios por falta de modelo. Como los rectores no han sido capaces de ponerse de acuerdo la Junta unilateralmente ha procedido al mismo. Las cantidades asignadas cubren las necesidades de la universidad. Quiere esto decir que desde ese punto de vista el reparto no deviene insuficiente. Ello no obstante, en la reunión donde se forjo la propuesta, el Sr. Rector indicó que no iba a votar favorablemente a la misma. No por el reparto, en sí, sino por el concepto al que se debe. No se trata de una cuestión de suficiencia, sino de consideración a medio plazo de las expectativas de la UPO, al no preverse un esquema de convergencia, en términos de financiación, con el resto de universidades andaluzas. Venimos de una situación muy difícil y hemos superado la insuficiencia financiera, hemos equilibrado el déficit. Otras universidades, sin embargo, han atajado los mismos problemas en un solo año, merced a la intervención explícita de la J.A. Lo que constituye un agravio comparativo de todo punto inadmisible.

Si este fuera el modelo a seguir en los próximos años, la UPO no va a suscribir en el CAU la propuesta. Dependerá, como es lógico, de la sensibilidad de la J.A para con nuestras singularidades para que podamos realmente converger y crecer como las demás. Ha llegado el momento de posicionarse y reivindicar más simetría en el reparto de la financiación. En cuanto a los  PECA, otro que tal, a los que también nos opondremos, ya que consolidan desigualdades según los criterios de repartos que se han establecido. Esta será la postura que mantendrá el Rector a no ser que en la reunión del CAU se recoja en el acta ese compromiso o a menos que este Consejo disponga otra cosa.

Concluye el punto de informe el Sr. Rector comunicando que se ha establecido un procedimiento de tramitación de los convenios para los dobles grados nacionales e internacionales. La finalidad de la instrucción será establecer un procedimiento, sin menoscabo de los recogidos en los sistemas de garantía de calidad de los centros, para la tramitación de las propuestas de dobles titulaciones nacionales o extranjeras, así como definir los criterios y ámbitos competenciales de los distintos órganos de gobierno en dicho proceso.

Comienza el Sr. Rector Principales cuestiones para el presente y futuro de la universidad: En primer lugar insiste en la posibilidad de que la tasa de reposición se modifique este año. Aunque este es un tema aún por dirimir. Es cierto que hay un acuerdo de la Conferencia de Presidentes de las CCAA en este sentido, pero a día de hoy no se ha definido nada al respecto. La razón reside, básicamente, en la incertidumbre acerca del alcance y contenido de los Presupuestos Generales del Estado en este punto. Entretanto, el ministerio de Hacienda persiste en la idea de que cualquier cambio en la Función pública se vincula a la tasa de reposición.

Quiere esto decir que hasta el mes de junio no podremos actuar con certidumbre en lo que hace a la gestión de la tasa de reposición (en adelante TR) y, por ende, a la oferta de empleo público. Por otra parte, quiere insistir en que esta no va a desaparecer. El Gobierno tiene intención de negociar el alcance de la misma, más no su desaparición. En cualquier caso, cualquier modificación se seguirá supeditando al principio de  estabilidad presupuestaria. En lo que a nosotros concierne, se están barajando varias opciones: i) El incremento de la TR, que no su desaparición, en aquéllos sectores más sensibles (Sanidad, Educación y Seguridad).  Es decir se trataría de una TR superior al 100%; ii) Este incremento podría verse además complementado con el hecho de que las PTU salieran de su ámbito de aplicación, al reputarse como una forma de promoción. Al fin y al cabo no contrae la incorporación de más efectivos. De adoptarse esta medida el alivio sería más que significativo; iii) Otro elemento de negociación concierne a los contratos Ramón y Cajal con certificación i3, en tal suerte que los mismos pudieran acceder no a la figura de Contratado Doctor, sino a la de PTU directamente, sin consumir TR; iv) Por último otro elemento de negociación que se está valorando consiste en excepcionar a las Universidades que índices inferiores al 50% de la funcionarización, de forma tal que puedan avanzar a ese 51 % mínimo que establece el legislador.

Por cuanto antecede, y en lo que hace a la oferta pública de empleo, el Sr. Rector entiende que no es recomendable proceder, de momento, a la aprobación de la Oferta pública de empleo. El criterio del Ministerio en este punto no deja lugar a dudas: Con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y ante la expectativa de que se forjen unos nuevos, no puede librarse una Oferta de Empleo Público. La cuestión a dirimir es si aguardamos a que se despeje el horizonte o si, por el contrario, la emitimos pese al riesgo de impugnación que contrae.    
   
Por otra parte, en lo que hace al modelo de financiación ha quedado claro que no hay modelo para el 2017. Siguen existiendo discrepancias importantes entre las distintas universidades. Ello no obstante el Consejero ha explicitado en sede parlamentaria la diferencia de convergencia entre las distintas Universidades, lo que viene a presuponer la necesidad de que las universidades con más dificultades deban converger. En lo que toca a este ejercicio, es necesario proceder lo antes posible a un reparto consensuado, para poder ejecutarlo antes del cierre del mismo. Al menos ya se ha alcanzado un acuerdo para repartir el dinero de investigación. En cuanto a la financiación operativa e infraestructuras
se está trabajando. El acuerdo es difícil, aún así la Junta de Andalucía prevé que se proceda al reparto a lo largo del mes de marzo.

El Sr Rector alude al hecho, ya conocido por todos, de la constitución, después de varios años, de la mesa de negociación de las universidades. En esa reunión se trataron específicamente dos temas: el de las 35 horas semanales para el PAS y el de la recuperación de los 24 créditos para el PDI. Respecto de la primero los sindicatos exigen que esta medida debe aplicarse de manera inmediata, pese a que, de facto, se viene aplicando en las Universidades. La razón por la que no se procedido aún en este sentido, reside en que, hasta este momento, la regulación de este tipo de medidas ha sido impugnada por la Abogacía del Estado. Las Universidades tienen el convencimiento de que una regulación en tales términos acarrearía la impugnación de la misma, con el consiguiente perjuicio para la situación de los trabajadores. Asimismo se acordó que la mesa de PAS trabajase en propuestas como la promoción horizontal, y que la mesa de PDI incidiese en temas como la carrera laboral, el reconocimiento de quinquenios para el personal laboral y la reactivación de los complementos autonómicos. En este sentido, el Secretario General de Universidades puntualizó que, en todo caso, habría que priorizar. El Sr. Rector advierte aquí que en la meritada Reunión de la Mesa de Negociación, no se trataron otras medidas de las descritas por el Decreto sobre recuperación de Derechos, como la recuperación del 5% de la masa salarial que se perdió entre los años 2012-2014. Ninguna referencia se hizo a la misma en la Mesa de Negociación.      

Para terminar, el Sr. Rector se refiere a la polémica que se ha suscitado a propósito de las prácticas del MAES. La historia es larga. Arranca con la denuncia del convenio existente por la Universidad de Sevilla. En el convenio que le siguió no recoge quien ha de sufragar a los tutores de prácticas. En la UPO hay programadas aproximadamente unas 300 prácticas. De todas ellas, apenas 15 plantean problemas de asignación. Es por esto que, si llegado el 14 de marzo, estas no se han adjudicado, habrá que acometer el problema desde otras soluciones. Entretanto se ruega colaboración a fin de que los responsables puedan dar cumplida cuenta de este problema. Esa falta de colaboración está propiciando, entre otras cosas, la intervención de la Delegación de Educación.

Por último y antes de terminar desea felicitar en esta sesión a  Dña. Paula Rodríguez Modroño, por haber sido adjudicataria del Premio Meridiana; felicitar asimismo a la Residencia Flora Tristán por el Premio Andalucía Joven en la versión solidaridad; y animar a la participación en la carrera popular de la Universidad que tendrá lugar el próximo día 25 de marzo. No hay que olvidar que en este año, el 2017, se celebran conjuntamente el vigésimo aniversario del nacimiento de la nuestra Universidad, así como el 250 aniversario de la fundación por Pablo de Olavide de los veinte municipios que integran la Fundación Municipios.