La Ciudad Perdida es una investigación de Gorka López, Isabel Mellén, Ander Gondra e Iñigo Ezquerra sobre el convento de San Francisco de Vitoria, derribado en 1930. La edición de Sans Soleil ilustra el desarrollo del cenobio desaparecido, como centro político, religioso, intelectual y militar de la provincia, del siglo XIII al XX.

El tópico historiográfico del convento se basa en la leyenda de que el edificio germina en un humilde oratorio de María Magdalena fundado por san Francisco en 1214. La crítica de las fuentes del supuesto viaje del santo por la península y los documentos de la fundación que se conservan a partir de 1234-1236, habían desvelado un complejo conventual en la zona más importante de Vitoria, custodia de otros monasterios y llamado San Francisco al menos desde 1248. Su primer uso conocido es civil: sede de los Tratados de Vitoria, y lo enmarca en la reforma de la villa por Alfonso X a partir de 1256. El patronato de Berenguela inicia otra fase constructiva, datada a través de su testamento en torno a 1296.

Después de hacer un repaso por otros enterramientos relevantes en el templo y otras empresas de promotores, los autores analizan la incidencia económica y social de este culto funerario que estrecha la relación de los frailes con el poder laico, un vínculo materializado a partir del siglo XIV en las reuniones del Concejo de Vitoria que tienen lugar en San Francisco. Los litigios civiles señalan otras funciones y espacios del edificio: por ejemplo, en el siglo XV, el pórtico de la capilla de Magdalena es el único lugar del convento donde los judíos pueden estar cuando no hay misas.

La documentación trasluce continuos cambios arquitectónicos también en la Edad Moderna. Tras el ingreso en la observancia, a inicios del siglo XVI se documentan restauros de bóvedas, claustro y otras obras debidas a cambios de gusto y uso de los espacios. A comienzos del XVII se desgranan obras de coro y sillería, muebles de librería, reformas de celdas y enfermería, hospedería, etc. El retablo de la iglesia se policroma en 1590, y en 1616 la capilla del Sagrario incorpora un sistema de iluminación que enfatiza el sacramento en un espectáculo litúrgico puesto en relación con los decretos tridentinos. En las fotos y planos del siglo XX, en cambio, se aprecia un camarín barroco que los autores suponen debido a la reforma de 1691.

Esta reforma que homogeneiza el templo genera otros documentos que permiten deducir argumentos a favor y en contra de los nuevos cambios: los frailes abogan por motivos prácticos (iluminación) y estéticos (proporción) mientras las familias alegan la legitimidad de su propiedad para conservar sus capillas privadas como medio de ostentar jerarquías de poder. Las mediciones para la obra permiten identificar a estos dueños y detallar el aspecto del templo en la época. Sobre fotografías se localizan otros espacios, como el refectorio “grande” que se deducía de referencias del siglo XVIII, y uno “pequeño”, donde se reunían las Juntas Generales de la Hermandad Provincial de Álava. A estas funciones se añade el uso del convento como palacio papal, o la relación de eventos que describen escenografía efímera, itinerarios procesionales, la estética festiva de una “mentalidad barroca”.

El capítulo tercero se dedica a “principales espacios de poder”: de nuevo los enterramientos que financian las obras. El presbiterio del templo, bajo el coro y los púlpitos, y el claustro, eran lugares preferidos hasta que aparece la capilla privada de los Remedios en 1476, primera conocida de las que brotan en el templo introduciendo el clasicismo: “espacios de exhibición pública por antonomasia de la ciudad” que deben convivir con los usos conventuales. Ello provoca pleitos que sirven a los autores para recomponer la arquitectura y la duración de las fábricas, informar sobre linajes, encargos, artistas y evolución de estos espacios.

La familia de los Arana se relaciona con las Juntas Generales a través del abuelo de Juan de Arana, el diputado Diego Martínez de Álava, propietario de la capilla de Santiago. A través de la documentación vinculada, como su testamento de 1533, se observan devociones, dataciones de empresas, y pleitos en la tónica de otros casos. La capilla y colegio de la Anunciación, financiada por los Arana, es ejemplo de cómo la titularidad privada, al convertirse en factor de controversia entre familias y frailes, determina la forma arquitectónica, y en este caso también, la preeminencia de ciertas corrientes filosóficas. La fundación del colegio especifica un programa de estudios que se enlaza al “clima intelectual” de la “Vitoria conventual”.

Gracias a un plano de 1865 los autores ofrecen por primera vez la ubicación correcta de la capilla de la Magdalena, un espacio privado y funerario abierto a los citados usos cívicos, que se descubre posterior al ábside gótico de la iglesia al que fue adosado. Ello demonta el mito del oratorio fundacional. El pleito, hasta ahora inédito, sobre la titularidad de esta capilla, se resuelve en 1576 a favor de Gregoria Hurtado de Mendoza, pero las reformas desencadenan otro fallado a favor de los frailes que la entregan a María Ruiz de Vergara, quien otorga la obra en 1605 a Juan Vélez de la Huerta. Los investigadores advierten que la forma de la capilla y su ubicación autónomas facilitaron que no fuese usada por los militares, y que sirviese de almacén de carbón y viviendas antes del derribo. Esta privacidad, según los autores, promovió la protección de este resto del convento que, gracias a su redescubrimiento por Micaela Portilla –cuya labor se homenajea en el estudio– hoy es un bien cultural.

En 1801 la Junta no pudo reunirse en San Francisco porque las tropas de invasión de Portugal habían ocupado la sala capitular. Para describir esta “exclaustración forzosa previa a la definitiva de 1834” se aportan testimonios del estado del edificio a la llegada de José I. La batalla de Vitoria anuncia el fin de la guerra de Independencia, y con Fernando VII el convento recupera sus funciones en un estado “calamitoso”, “cercado” por construcciones y usos anejos. Vitoria en expansión gesta las plazas del Ayuntamiento, se derriba el hospital de Santiago para construir un teatro que utiliza como almacén un cenobio convertido en “foco de rebelión” e “intrigas políticas”. Tras la exclaustración en una “ciudad de la muerte”, la iglesia siguió abierta al culto, pero la mayor parte de bienes del convento se dispersan y desaparecen.

Para recomponer y valorar el proceso de inventario de las Comisiones de Monumentos se recurre a la documentación de la Real Academia de San Fernando y el Instituto de Segunda Enseñanza, señalando la reversión de fondos a la Comisión por la venta de libros. En la tercera guerra carlista se convirtió la iglesia en almacén de guarnición y se instaló en el convento el cuartel y el hospital. La salida de los militares en 1925 deja el edificio en “mal estado irreversible” y comienza la controversia del proceso de derribo, donde la prensa juega un papel fundamental.

Se aportan testimonios que abogaron por la conservación y argumentos derribistas que auguran el desenlace inminente en 1927: “el nulo valor artístico del conjunto, el interés de los terrenos y, especialmente, el coste de una hipotética restauración”. El estudio narra la visita del Consejo de Primo de Rivera para evaluar el estado del convento y los viajes del Ayuntamiento a Madrid para tratar de convencer a la Dirección de Bellas Artes de la necesidad de derribar la iglesia. Al final, la Junta de Patronato deja el asunto en manos del Municipio, que vende los terrenos en 1928 a la caja de ahorros municipal. Los autores recogen las actuaciones de Manuel Gómez Moreno, Director General de Bellas Artes, y las mediaciones de Emilio Apraiz con el Gobierno Civil y la Delegación de Bellas Artes en Álava para acelerar los trámites de declaración de Monumento Histórico y detener el derribo. Ante la llegada de una Real Orden al Ayuntamiento “se urde un plan para romper una parte importante del ábside y tensar con ello la cuerda al máximo”. A partir de esta “destrucción ilegal”, la irreversibilidad del estado del templo conduce al derribo definitivo en 1930.

En el estudio se desvelan los intereses de las instituciones, la crónica y la historiografía; el análisis de documentos, la comparación con fotografías, ofrecen datos de promotores, artistas, oficios, técnicas, materiales, espacios, su reaprovechamiento, ubicación, evolución y funciones, teniendo en cuenta la implicación de dogmas religiosos y prácticas devocionales en la elección de advocaciones, iconografías y tipologías. La perspectiva se abre a relaciones de convento y ciudad, morfología conventual y urbana debida a usos políticos, festivos, relaciones personales que propician modelos y estilos, etc. Si bien se echa en falta un estado de la cuestión reciente respecto a la etapa medieval, la investigación de la moderna cuenta con infinidad de fuentes objeto de una labor minuciosa de selección, interpretación y síntesis. En los agradecimientos del libro se aprecia la cantidad de instituciones que han hecho posible esta amplia y profunda investigación, la documentación de archivo, traducciones, transcripciones, y la obtención de fuentes gráficas que llenan esta notable edición.

Elena Muñoz Gómez

Universidad de Salamanca, España

https://orcid.org/0000-0002-4869-1790