Jornadas. Libertad de expresión, discurso político y delitos de opinión: un análisis constitucional

No hay lugar a dudas de que el nacimiento de la democracia y el progreso de la sociedad han ido de la mano del reconocimiento y protección del libre ejercicio de la manifestación de ideas y pensamientos.

El debate libre y plural de ideas, en sus distintas manifestaciones, es vital para la formación de una opinión pública crítica, por cuanto es esencial para la búsqueda común de la verdad y para la vitalidad de la sociedad en su conjunto. Por ello, cuando se trata de proteger y garantizar la libertad de expresión, no se protege sin más el derecho fundamental subjetivo de la persona que lo ejerce, sino que se protege y garantiza el propio sistema democrático, que necesita de ese sustrato vital. Por ello, se entiende que cuando la Constitución española reconoce la libertad de expresión en el artículo 20.1, no sólo protege las ideas que son favorablemente recibidas o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población como ha interpretado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hoy por hoy, se hace cada vez más necesario determinar con mayor precisión hasta dónde llega el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y cuándo se rebasa la línea que señala que se está lesionando otro derecho o un bien jurídico constitucionalmente relevante.

Dicha labor requiere, lógicamente, de un examen caso por caso que plantea no pocas dificultades, pero que arrojará más claridad sobre esta cuestión y permitirá, llegado el caso, sostener una definición de los delitos de opinión más acorde con el papel de la libertad de expresión en el sistema democrático.

Tipo: Congresos, Jornadas, Cursos