Por: Amalio A. Rey

Publicamos hoy el cuarto post del seriado sobre las distintas modalidades de “transferencia de tecnología” que existen para hacer el viaje del laboratorio al mercado.

En el primer post hablamos de los “Contratos de I+D por encargo”, en el segundo sobre los “Contratos de Licencia” y “de Know-how”, y el tercero estuvo dedicado a los “Servicios de asesoría o consultoría científico-tecnológica”. El cuarto de la saga trata sobre los llamados “Servicios Tecnológicos”, que es una modalidad bastante común de colaboración Academia-Empresa.

A diferencia de la modalidad anterior (“Servicios de consultoría”), lo que distingue a ésta es el carácter en cierto modo repetitivo del servicio ofrecido y el uso intensivo de equipamiento que requieren.

Se trata habitualmente de servicios técnicos continuados y regulares,  como la realización de ensayos y pruebas de laboratorio que tengan determinada complejidad, así como la elaboración de informes de diagnóstico, peritajes o informes sobre el estado de la técnica, por poner algunos ejemplos.

En el catálogo de servicios de este tipo destacan aquellos para cuya realización se necesitan equipos que por su precio, sofisticación, dificultad de uso u otra razón no suelen tener las empresas pero que sí poseen los centros de investigación. Estos equipos suelen estar subutilizados, y con estos contratos se intenta ocupar el tiempo ocioso disponible.

Algunas universidades están separando estos servicios en unidades de gestión específicas para promoverlos mejor y dotarlos de un rigor económico-financiero que no suele haber en el resto de las actividades de investigación.

Pero al margen de los equipos (el “hard”), resulta esencial que el “servicio tecnológico” se dote de una parte “soft” intensiva en conocimiento y que valorice la contribución del centro público de investigación a la empresa. Por ejemplo, no bastaría con que la parte investigadora se limite a usar un equipo caro, sino que tendría que añadir una interpretación de los resultados del ensayo o prueba que exija un nivel de conocimiento que no tienen las empresas.

El carácter repetitivo de algunos de estos servicios genera, a menudo, serios problemas de competencia desleal con las empresas que ofrecen servicios equivalentes. Por eso, las instituciones públicas que cuentan con ventaja para bajar precios por disponer de recursos subvencionados, deben ser muy cuidadosas a la hora de comercializar servicios estandarizados que ya ofrecen las empresas a precios razonables para evitar que con ello destruyan empleo.

Sobre el peliagudo tema de la “competencia desleal” que a veces generan los llamados “servicios tecnológicos repetitivos” ofertados desde la Universidad y los centros públicos de investigación, ya publicamos un post aquí,  y que recomiendo leer porque complementa lo dicho en esta entrada.

Fuente: Innocash